El pasado 23 de diciembre, la Fundación Colfuturo confirmó en sus páginas oficiales que habría cambios en el programa de crédito beca implementado hace ya algunos años, —aunque, personalmente, yo no usaría el término de “beca” para aludir a la financiación mixta provista por Colfuturo. Dicho programa, según estimaciones oficiales, ha beneficiado a un aproximado de 25,000 profesionales colombianos para adelantar sus estudios de maestría y doctorado en universidades extranjeras, al igual que ha desplegado una inversión de USD 892 millones para tal propósito en alianza con el Estado colombiano.
Para 2026, la dinámica se replantea y el Estado dejará de ser uno de los principales aliados financieros. Por tal razón, los créditos de posgrado ofertados por Colfuturo deberán diversificar sus fuentes de financiación y recurrir a estrategias de filantropía que no tomen al Estado colombiano como su principal aportante.
La noticia, como era de esperarse, generó reacciones negativas por parte de diferentes representes del sector privado y de algunas instituciones de educación superior. No obstante, el gobierno de Gustavo Petro ha sostenido públicamente que dichos créditos han beneficiado principalmente a egresados de universidades de élite del país provenientes de estratos socioeconómicos superiores (4, 5 y 6), por lo que la medida busca redistribuir los recursos públicos para que beneficien a egresados de programas de pregrado provenientes de universidades públicas y pertenecientes a estratos socioeconómicos inferiores (1, 2 y 3).
En rigor, el modelo de Colfuturo combinó desde sus inicios dos lógicas distintas: una lógica meritocrática de selección académica y una lógica crediticia propia del sistema financiero. Para acceder al llamado crédito-beca no bastaba con demostrar excelencia académica, proyección investigativa o admisión en universidades de alto nivel; era necesario, además, cumplir requisitos patrimoniales exigentes, como la capacidad de asumir deudas de gran magnitud, contar con codeudores solventes y ofrecer garantías reales suficientes. En la práctica, esto significó que el acceso al programa estuvo mediado no solo por el mérito intelectual, sino por la posición socioeconómica previa del aspirante y su capacidad real de endeudamiento.
El resultado fue un filtro silencioso pero eficaz, dado que quienes provenían de entornos con menor capital económico y patrimonial, aun cumpliendo con los estándares académicos, enfrentaban barreras estructurales para asumir el riesgo financiero. Así, un instrumento diseñado para promover movilidad social terminó operando, al menos parcialmente, como un mecanismo que seleccionaba beneficiarios con mayor capacidad de absorción del riesgo, lo que trasladó al Estado el costo de las condonaciones una vez culminados los estudios en universidades extranjeras de alto nivel y prestigio.
Por esa misma razón, infiero que la decisión del gobierno de Gustavo Petro de retirar el apoyo estatal al programa a partir de 2026 ha generado una mezcla incómoda de alarma, indignación y confusión. No obstante, la pregunta no es solo qué pasará con Colfuturo; más bien, es la siguiente: ¿deberíamos sentirnos moralmente mal frente a ese viraje gubernamental en materia de política pública para la educación superior?
El Gobierno ha sido claro en su diagnóstico: Colfuturo terminó beneficiando de forma desproporcionada a estudiantes de estratos medios y altos, concentrados en ciertas regiones y con trayectorias educativas ya privilegiadas. Desde esa lectura, seguir financiando el programa equivaldría a subsidiar ventajas de origen con recursos públicos. La alternativa propuesta por el Ministerio de Ciencia apunta a un modelo de financiación directa, administrado por el Estado, con criterios explícitos de equidad social, territorial y poblacional. Por ejemplo, resulta interesante que, según las mismas estadísticas oficiales de Colfuturo, tan solo el 45% de beneficiarios de los créditos condonables provengan de Bogotá, seguidas por Antioquia y Valle del Cauca, con 13% y 8 % respectivamente.
En términos más simples, se trata de menos intermediación privada, más redistribución y más presencia estatal. El mensaje político es nítido: la formación avanzada no debe ser un premio para quienes ya estaban bien posicionados, sino una herramienta de corrección de desigualdades estructurales y de bienestar social diferenciado.
Como profesor del curso de “Teorías de la Justicia y la Democracia” ofertado para los programas de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad El Bosque, no puedo dejar de concebir este asunto como un dilema redistributivo. Vista desde la teoría de la justicia, esta decisión no es caprichosa. John Rawls —tal vez el teórico político más influyente del siglo XX— afirmaba que las instituciones justas son aquellas que mejoran la situación de los menos favorecidos. En tanto virtud institucional, la justicia opera bajo criterios de equidad amparados en dos principios: el esquema más amplio de libertades posibles para todos los individuos y una redistribución sensible a las diferencias, con miras a asegurar el bienestar de los menos aventajados socialmente, reconocer la igualdad de oportunidades y favorecer la eficiencia fiscal de la estructura básica de cooperación.
Si el diagnóstico gubernamental es correcto y Colfuturo ha reproducido sesgos de clase al beneficiar a egresados de estratos socioeconómicos mejor posicionados socialmente, entonces un rediseño orientado a ampliar el acceso de poblaciones históricamente excluidas resultaría coherente con el principio de diferencia formulado por Rawls. No se trata de castigar el mérito o el esfuerzo individual, sino de preguntarse honestamente a quién beneficia realmente una política pública cuando se observa el conjunto del sistema social bajo la óptica del criterio maximin retomada por Rawls.
Desde una perspectiva aún más igualitarista, como la del marxista analítico Gerald Cohen, la crítica sería mucho más dura, acérrima y contundente. Para Cohen, las desigualdades derivadas de talentos y contextos sociales son moralmente arbitrarias y no deberían traducirse en ventajas acumulativas. Un programa que financia estudios en el exterior a quienes ya tuvieron mejores colegios, redes sociales (networking) y capital cultural sería difícil de justificar en términos públicos o gubernamentales. En ese marco, la apuesta de MinCiencias por una asignación más redistributiva aparece como un intento, al menos normativamente defendible, de romper el círculo de reproducción de ventajas simbólicas y estructurales de élites académicas anquilosadas socialmente.
Por su parte, el Nobel de Economía, Amartya Sen, llevaría la discusión a otro terreno. El problema no es solo quién recibe el dinero, sino qué capacidades reales se expanden a partir de dicho modelo de redistribución económica. En su crítica al fetichismo de los bienes, Sen afirma que la redistribución de recursos impersonales no asegura, por si sola, el desarrollo humano o el mejoramiento de la calidad de vida de los implicados.
En otras palabras, financiar un posgrado no garantiza, por sí mismo, que una persona pueda convertir ese título en bienestar, innovación o impacto social. Las condiciones materiales, institucionales y territoriales importan. Desde este enfoque, un programa público que articule formación avanzada con necesidades regionales, sectores productivos y apropiación social del conocimiento podría ser más justo que uno centrado exclusivamente en trayectorias individuales de excelencia académica, profesional o investigativa.
Hasta aquí, la filosofía política y la teoría jurídica parecen darle la razón al Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la historia no termina ahí. Robert Nozick, el gran crítico libertario de Rawls, recordaría que toda redistribución forzada implica una intromisión del Estado en decisiones individuales legítimas, lo que rompería con los principios de la teoría libertaria de la justicia como intitulación.
Desde su perspectiva, el problema no es que Colfuturo beneficiara más a unos que a otros, sino que el Estado pretenda corregir ese resultado mediante una ingeniería redistributiva que socavaría la autonomía personal de los individuos de escoger sus universidades, asumir compromisos crediticios bajo el principio de la libertad de transferencias y, de igual modo, desincentivaría el esfuerzo personal al sustituir el mérito académico por el origen de clase o el estrato socioeconómico. Aunque esta visión resulta poco popular en un país desigual, conviene no descartarla del todo, porque señala un riesgo real: cuando el Estado asume el control total de la asignación, la justicia puede diluirse en discrecionalidad.
Ese riesgo no es menor en el contexto colombiano. El nuevo programa de financiación enfrenta retos que van más allá de la retórica redistributiva. El primero es fiscal. Colombia atraviesa un periodo de recorte presupuestal, con advertencias reiteradas sobre déficit y limitaciones para expandir el gasto público. Financiar masivamente maestrías y doctorados, en el país y en el exterior, exige recursos sostenidos y previsibles. Sin un respaldo fiscal sólido, amparado en una necesaria diversificación macroeconómica del país y una corrección de la tendencia inflacionaria que enfrenta la población colombiana, el programa corre el riesgo de convertirse en una promesa intermitente, dependiente del ciclo político y vulnerable a recortes asignativos.
El segundo reto es el criterio de asignación. Para bien o para mal, Colfuturo operaba con reglas claras, evaluaciones académicas exigentes y procesos relativamente blindados frente a la política partidista. Sustituir la meritocracia redistributiva por un esquema de equidad sin estándares robustos puede erosionar la legitimidad del programa. La pregunta incómoda es cómo garantizar excelencia académica sin reproducir privilegios, y cómo priorizar inclusión sin caer en arbitrariedad locativa. La justicia redistributiva no solo debe ser equitativa, sino que también debe ser percibida como tal, bajo procedimientos intersubjetivamente avalados y compartidos.
Aquí resulta útil la noción de justicia local propuesta por el politólogo noruego Jon Elster. No existe un único principio válido para todas las asignaciones. Cada esfera social —como la salud, la educación o la ciencia, por mencionar solo unos ejemplos— requiere criterios específicos y transparentes. Aplicar una lógica puramente redistributiva a la formación doctoral puede ser tan injusto como aplicar una lógica puramente meritocrática. El desafío consiste en diseñar reglas mixtas, explícitas y evaluables, que eviten tanto el elitismo como el clientelismo.
Hasta ahora, no estoy afirmando que el modelo de Colfuturo fuera perfecto. Claramente no lo es. Sin embargo, Elster empezaría por realizar una advertencia incómoda: el error más frecuente de las políticas públicas no es la falta de buenas intenciones, sino la mala elección del principio de asignación. Para Elster, la justicia local exige reconocer que cada bien social tiene una lógica propia y que forzar un único criterio —sea la equidad social o el mérito académico— produce efectos perversos. En el caso de las becas doctorales no solo estamos distribuyendo alivio a la pobreza ni compensando daños, sino asignando un bien escaso cuyo valor depende de la excelencia, la disciplina, la pertinencia y la capacidad de producir conocimiento socialmente relevante, pero sin desconocer las condiciones sociales de base de las cuales proviene sus aspirantes.
Por esa misma razón, una política pública que sacrifique estándares académicos en nombre de la redistribución terminaría siendo injusta con la ciencia misma, mientras que una que ignore desigualdades estructurales reproduciría élites académicas cerradas, sin impacto social del conocimiento ni movilidad profesional. Elster aconsejaría reglas híbridas pero estrictas: umbrales mínimos de excelencia no negociables, combinados con criterios correctivos explícitos —territoriales, institucionales o socioeconómicos— y, sobre todo, procedimientos transparentes que reduzcan la discrecionalidad. No confiaría en la virtud de los decisores ni en la retórica de la justicia social, sino en diseños institucionales que limiten el clientelismo, hagan auditable cada decisión y permitan corregir errores eventuales en materia locativa o fiscal.
Quisiera aclarar que la nueva propuesta de MinCiencias despierta en mí un entusiasmo prudente. La ampliación de la cobertura y la diversificación del acceso a alternativas de financiación para la formación avanzada pueden constituir un avance normativamente defendible y necesario para un país históricamente desigual como Colombia; pero, siempre y cuando logren articular criterios de equidad social con estándares académicos exigentes. No obstante, dicho avance no podrá evaluarse únicamente en términos de cupos otorgados o recursos públicos redistribuidos. El nuevo modelo deberá demostrar capacidad institucional para producir apropiación social del conocimiento, reducir la fuga de cerebros, fortalecer la diversificación productiva y generar impactos verificables en los indicadores de desarrollo humano, con un enfoque territorial, ambiental e interseccional.
Sin métricas claras, procedimientos transparentes y evaluaciones comparativas sostenidas en el tiempo, el debate corre el riesgo de agotarse en consignas redistributivas sin eficacia estructural. Por tal razón, frente a la pregunta inicial sobre si deberíamos sentirnos mal por el futuro de Colfuturo, la respuesta probablemente sea que no del todo. Tanto las políticas públicas como las iniciativas privadas no son monumentos intocables, por lo que deben y pueden ser revisadas cuando dejan de cumplir adecuadamente sus fines. Pero, sí deberíamos sentirnos intelectualmente inquietos, pues lo que está en juego no es solo el rediseño de un programa específico, sino la forma en que Colombia concibe la justicia educativa, el papel del Estado en la formación avanzada y el valor social del conocimiento que pretende producir y financiar.
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