En el contexto de la crisis venezolana, la intervención militar de Estados Unidos en la capital del país, que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, representa un punto de inflexión paradigmático para entender la reconfiguración de las relaciones de poder en la región y las tensiones entre soberanía estatal y hegemón externo. Esta operación —parte de una campaña militar creciente iniciada en 2025 bajo la narrativa de combate al narcotráfico— ha generado un amplio abanico de reacciones internacionales y debates académicos sobre su legitimidad jurídica y su impacto geopolítico, desde cuestionamientos sobre la vulneración del Derecho Internacional Público hasta interpretaciones que la inscriben en una lógica neomonroísta de reafirmación del poder estadounidense en la periferia latinoamericana.
En Venezuela (país del cual soy oriundo), encuestas recientes muestran que una parte significativa de la población percibe positivamente la captura de Nicolas Maduro; más concretamente, “los jóvenes entre 18 a 24 años representan el 80% de los venezolanos que considera que su caída es positiva” (El Tiempo, 2026). Su captura ha estado asociada a la posibilidad de una transición democrática y un alivio al estado de crisis que atravesaba el país, a pesar de la coexistencia de temores sobre posibles represalias y un futuro político incierto. Este respaldo, fenómeno que se expresa tanto en mediciones cuantitativas como en movilizaciones sociales, me llama a invitar a una lectura desde las dinámicas de poder político y legitimidad social.
En ese sentido, el desgaste institucional del régimen chavista y la brutal crisis socioeconómica han erosionado la confianza en las estructuras autoritarias; lo que ha promovido una evaluación instrumental de la intervención como medio para la restauración de orden político y social. Esta columna examina dichas dinámicas y analiza cómo la erosión de la legitimidad interna, la violencia estructural hacia su población y las expectativas racionales de la ciudadanía configuran una valoración favorable de la intervención, y los desafíos que plantea este fenómeno para la teoría política internacional.
Con base en lo anterior, la intervención estadounidense en Venezuela puede ser leída menos como una anomalía normativa y más como una manifestación coherente de la lógica del poder en un Sistema Internacional considerado desde el realismo clásico como estructuralmente anárquico. La apelación a narrativas como la «lucha contra el narcotráfico» o la «restauración del orden democrático» opera, en este sentido, como un dispositivo de legitimación ex post de una acción motivada por intereses estratégicos: estabilidad regional, control de flujos transnacionales y reafirmación de influencia en un espacio históricamente concebido como zona de interés prioritaria. Así la tensión entre soberanía y hegemonía no constituye una disfunción del orden internacional, sino uno de sus rasgos constitutivos, donde la capacidad de intervención se correlaciona directamente con asimetrías materiales y simbólicas de poder; así pues, el Derecho Internacional aparece más como un campo de disputa interpretativa que como un límite efectivo a la acción de los actores dominantes.
En paralelo, la valoración positiva de una parte de la población frente a la captura de Maduro introduce un elemento analíticamente incómodo para las lecturas normativas tradicionales: la disociación entre legalidad internacional y legitimidad social. El prolongado deterioro institucional, la erosión de los mecanismos de representación y la violencia como política de Estado ejercida por el régimen chavista han configurado un escenario en el que amplios sectores sociales reinterpretan la intervención externa desde una racionalidad instrumental, en donde se priorizan expectativas de orden, estabilidad y cambio político sobre consideraciones abstractas de soberanía nacional. Este desplazamiento del criterio de legitimidad —del plano jurídico y estatal al plano sociopolítico— nos obliga a repensar las categorías clásicas de intervención y no intervención, así como los límites explicativos de los enfoques normativos, para así dar inicio a un debate más amplio sobre cómo las crisis de legitimidad interna reconfiguran la aceptación social del uso externo de la fuerza.
El apoyo a esta medida se debe, en primer lugar, a la alianza coercitiva de las Fuerzas Armadas con el régimen, fenómeno que desnaturalizó su función constitucional y las convirtió en un actor central de sostenimiento autoritario. A esta militarización del poder se suma la externalización de la represión mediante los denominados «Colectivos de Paz» en los barrios (la organización administrativa vendría ser el de las comunas en Colombia), que operan de facto como estructuras paramilitares, activadas para la contención violenta de protestas pacíficas y la intimidación social. La coexistencia de fuerzas armadas formales y grupos subversivos alineados con el régimen no solo fragmenta el monopolio legítimo de la fuerza, sino que institucionaliza la violencia política como mecanismo de control cotidiano. En este contexto, la soberanía deja de ser una expresión de autodeterminación popular y se transforma en una coartada discursiva para justificar la represión sistemática de la ciudadanía.
A lo anterior, se añade la desaparición práctica de la interdependencia de poderes, que es condición mínima para cualquier orden constitucional. Aunado a este vacío del Poder Legislativo, la subordinación del Poder Judicial y la instrumentalización de los órganos de control anularon toda posibilidad de corrección institucional interna en el país. Paralelamente, la oposición tradicional venezolana fue progresivamente debilitada, ya sea por la represión directa, la cooptación selectiva o la fragmentación estratégica inducida por el propio régimen, por lo que quedó incapacitada para articular una alternativa efectiva de poder del oficialismo. El caso venezolano no es aislado. Experiencias comparables como Nicaragua post-2018, Siria tras 2011 o Libia bajo Gadafi en su fase final, muestran que la combinación de represión estatal y paraestatal, sumada al colapso de los contrapesos e interdependencia institucional, y la neutralización de la oposición, produce sistemas políticos cerrados al cambio interno.
En estos contextos, la insistencia en soluciones exclusivamente domésticas se convierte menos en una defensa de la autodeterminación y más en una normativa de la soberanía, desconectada de las condiciones reales vividas dentro del país. La intervención externa, aunque problemática desde el Derecho Internacional clásico, emerge entonces como una respuesta frente a regímenes que han abolido de facto las reglas mínimas del juego político interméstico. En un escenario donde convergen los elementos nombrados anteriormente, la intervención externa surge no como una opción normativamente ideal, sino como una respuesta excepcional frente al cierre deliberado de todas las salidas internas al conflicto político. Desde esta perspectiva, el respaldo de la población venezolana a la intervención norteamericana no responde a un impulso pro-trumpista por parte de la misma, sino a la constatación de que el régimen ha destruido los mecanismos mínimos que permiten una transición endógena y políticamente aceptada desde los tiempos del Tratado de Westfalia.
Posdata: agradezco al profesor César Quintero y a los miembros de la Revista Kairós por la apertura de este espacio de reflexión y diálogo académico, que permite el contraste crítico de ideas y la discusión respetuosa y rigurosa sobre problemáticas políticas contemporáneas. Cualquier reclamación por favor, que sea sin membretes, muchas gracias.
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Santiago Blanca, nacido en Venezuela. Es estudiante de octavo semestre de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad El Bosque. Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en los periodos 2025 I y II. Actualmente, es miembro del Semillero de Investigación en Relaciones Internacionales (SERI).
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