El 31 de mayo de 2026, Colombia no eligió presidente, sino que el panorama electoral sentó las bases de una segunda vuelta. Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos (43,74%), e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, 9.688.361 (40,90%); el escrutinio vinculante del Consejo Nacional Electoral cerró luego en 10.366.143 y 9.703.921 votos, respectivamente. Detrás quedaron Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 1.639.685 sufragios (6,92 %), y la fórmula de Sergio Fajardo y Edna Bonilla, con 1.009.073 (4,26 %) (ver infra).
Tomado de: Registraduría Nacional del Estado Civil (2026). Disponible en: https://resultados.registraduria.gov.co/resultados/0/00
El balotaje final se disputará el 21 de junio de 2026. Sobre ese tablero se ha instalado un relato cómodo que ha sido replicado insistentemente por líderes de opinión, medios de comunicación y perfiles digitales en diversas plataformas. Dicho relato afirma que el país estaría atrapado entre dos extremos simétricos, y que la opción más sensata consistiría en huir de ambos hacia un centro pacificado. Por un lado, aparece la amenaza fascista de Abelardo de la Espriella y, por otro lado, emerge la embestida comunista por parte de Iván Cepeda. Frente a dicha máxima centrista, quisiera argumentar todo lo contrario. Ese relato, que el “decálogo del millón de votos” de Sergio Fajardo terminó alimentando, consiste en una falacia de equivalencia; mientras nos entretiene con la simetría, oculta la única asimetría que importa: el carácter regresivo de la candidatura de De la Espriella, que responde con precisión a lo que el historiador y politólogo Steven Forti ha llamado la extrema derecha 2.0.
El evangelio antipolarización y la tentación del consenso:
El primer punto del decálogo de Fajardo pide “fin a la polarización y el odio” y su gramática lo resume en una fórmula seductora: “las formas son el fondo”. Leído desde la filosofía política contemporánea, ese gesto es menos inocente de lo que parece. Confunde dos cosas que conviene distinguir. Una es el antagonismo, entendida como la lógica amigo/enemigo que busca aniquilar al otro; pero, otra muy distinta es el agonismo, que alude y hace referencia al conflicto reglado entre adversarios que se reconocen como legítimos. Chantal Mouffe construyó toda su obra sobre esa distinción, a la cual denominó diferencia ontológica (cfr. Mouffe, 2007). En sus propias palabras, la tarea democrática no consiste tanto en suprimir el conflicto, sino en convertir al enemigo en adversario, alguien cuya existencia se acepta, aunque se combatan sus ideas. Pedir “el fin de la polarización” como si toda división fuera patológica equivale a confundir la enfermedad con el síntoma y, mucho peor aún, con la salud de una democracia en sentido pleno.
Jacques Rancière nombró esa pulsión con dureza al afirmar que el consenso no es la culminación de la democracia sino su clausura, ya que la convierte en “posdemocracia”, un determinado reparto oficial de lo sensible que disuelve el desacuerdo en gestión burocrática y lo reduce a mera administración gubernamental. Para Rancière, la política no es el reparto ordenado de lugares y funciones —eso es lo que llama, provocadoramente, policía—, sino la irrupción de “la parte de los que no tienen parte”, el litigio que rompe el orden sensible y permite la expresión de dinámicas emancipatorias, entendidas esta última como una forma de verificar radicalmente la igualdad. Una campaña que reduce el desacuerdo a un problema de modales —”las formas son el fondo”— hace precisamente lo que Rancière denunció en El odio a la democracia (2006), a saber, tratar el conflicto popular como exceso a corregir y no como potencia instituyente que es necesario reconocer y tramitar.
Aquí la ironía es exacta y conviene subrayarla. Mouffe lleva veinte años advirtiendo que el borramiento de la frontera ideológica convencional entre izquierda y derecha, y la subsecuente migración de todos los partidos hacia un “centro” tecnocrático, no apaga a la extrema derecha; al contrario, la alimenta. Cuando las opciones establecidas se vuelven indistinguibles, el único que ofrece una frontera nítida —un “nosotros” contra un “ellos”— es el demagogo. Por ello, la pretensión de “centralidad y gobernabilidad” que Fajardo ofrece “independientemente de quién gane” puede ser, sin proponérselo o no, el terreno abonado donde mejor crece aquello que dice combatir.
Claude Lefort dio a esta intuición su formulación más rigurosa. La democracia moderna, escribió en La incertidumbre democrática (2004), se instituye sobre la disolución de los referentes últimos de la certeza y sobre una figura inédita: el poder como lugar vacío y la democracia como un dispositivo simbólico. Nadie puede ocuparlo de manera definitiva, ya que quien gobierna lo hace de modo provisional y revocable, dado que el lugar no le pertenece. El totalitarismo, en la lectura de Lefort, es justamente la tentación de llenar ese vacío con la imagen del pueblo-uno, una comunidad reconciliada sin fisuras y bajo la idea regulativa de una identidad pura y homogénea (v.g. la patria, la nación, la raza). Por eso debería inquietarnos cualquier promesa de unidad sin resto. La democracia no es la superación de la división, sino el régimen que la vuelve legítima e institucionalizada.
Una idea análoga es desarrollada por Miguel Abensour, quien radicalizó esa idea hasta convertirla en programa. En La democracia contra el Estado (20017), Abensour recuperó del joven Marx la noción de una democracia insurgente, un término que parece contradictorio en sus términos, pero que realmente refleja una intuición política bastante innovadora. Para Abensour, siguiendo al joven Marx, la democracia no es una forma estatal entre otras ni un mero regimen de gobierno, sino una actividad permanente de impugnación de la dominación, un mantenimiento deliberado de la división contra toda clausura. Desde Abensour, “acabar con la polarización” suena casi contradictorio y contraproducente, ya que la energía democrática vive del litigio y no de su anestesia o silenciamiento.
El problema, entonces, no es que Colombia esté demasiado dividida. Más bien, el problema es que se nos propone resolver la división por la vía equivocada del consenso vaciado de los unos y la unidad forzada de los otros, cuando realmente lo que la democracia necesita y requiere es la existencia de conflictos que no destruyan el marco que los hace posibles. No obstante, de allí surge una situación constitutivamente paradójica: por un lado, ¿cómo evitar que la democracia degenere en mera administración policial del desacuerdo y la diferencia social, sin restar valor a las prácticas instituyentes emanadas del agonismo político entre actores, grupos y colectivos sociales? Pero, por otro lado, ¿de qué manera institucionalizar el conflicto, de tal manera que sea posible crear mecanismos de canalización del conflicto social que hagan posible la convivencia humana y el orden social? Se trata de una paradoja democrática que la teoría política contemporánea, aunque ha advertido en numerosas ocasiones, no ha logrado –ni logrará– responder cabalmente. Sin embargo, mi intención es recuperar esta tradición de pensamiento democrático radical para problematizar los mandamientos que Fajardo expuso en su decálogo del millón de votos y, adicionalmente, refutar la falacia de la falsa equivalencia que se ha instaurado en el imaginario electoral en los últimos días.
El decálogo del millón de votos: obrar por omisión
La fuerza del decálogo redactado por Sergio Fajardo luego del 31 de mayo reside en que cada mandamiento, leído en voz alta, parece irreprochable. Pero un decálogo no es una lista neutral, sino que es, más bien, una gramática política; y, punto por punto, repite la misma operación. Dicho en términos más simples, el decálogo toma una aspiración legítima y la reescribe como punto medio entre “dos extremos”, con lo cual hace dos cosas a la vez: por un lado, la despolitiza —la arranca del conflicto que le daba sentido democrático— y, por el otro, la simetriza —imputa a Cepeda y a De la Espriella un mismo déficit democrático—. El problema es que el ambas propuestas de gobierno no son equivalentes y, por lo tanto, el extremismo ideológico que se les imputa es alegóricamente cuestionable. Veamos cada mandamiento individualmente y, por qué no, ofrezcamos una objeción inicial a cada uno de ellos:
El primer mandamiento, “fin de la polarización y el odio”, afirma que “[r]echazamos rotundamente la escalada de división y polarización de nuestro país e instamos a los candidatos a civilizar, moderar y rebajar la crispación. Las formas son el fondo. Y los adversarios no pueden ser considerados enemigos”. Frente a esta última expresión, estoy completamente de acuerdo; pero, el error conceptual de Fajardo es el de confundir el antagonismo con el agonismo. La Constitución de 1991 no prescribe armonía, sino que instituye un conflicto reglado, ya sea por el control político, el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), la acción de tutela y la oposición garantizada, entre otras formas jurídicas y vías institucionales. Quien rompe ese marco es quien declara que “la neutralidad es complicidad” y promete gobernar “por la fuerza”; pero, quien compite y litiga dentro de él, no lo es. Englobar ambas candidaturas bajo el rótulo “polarización” es la falsedad fundante de todos los mandamientos subsiguientes del decálogo, pues resulta inviable equiparar como dos caras de la misma moneda un proyecto coherentemente liberal en lo social –como el de Iván Cepeda -, con un proyecto político neorreaccionario que promete un desmonte gradual de garantías constitucionales, como lo hace Abelardo de la Espriella.
El segundo mandamiento, “protección de la constitución, no de la constituyente”, aboga por el “[r]espeto explícito e irrestricto al equilibrio institucional y a la independencia de poderes” y aboga en contra de cualquier intento de cambio o socavamiento de la arquitectura institucional fundada por la Constitución de 1991. No obstante, aquí se funden dos cosas distintas. Defender la separación de poderes es una cosa; clausurar el poder constituyente es otra, y esta última es, ella misma, una figura constitucional: el artículo 376 prevé la Asamblea Nacional Constituyente, y el artículo 3 radica la soberanía en el pueblo. Abensour lo diría sin rodeos, al afirmar que el poder constituyente es el manantial democrático, y tratar su sola invocación como un golpe es domesticar la democracia hasta reducirla a poder constituido. Además, hay un dato incómodo pero valios: el Pacto Histórico retiró la propuesta por los cauces institucionales —Petro ordenó bajar el comité y Cepeda abandonó la idea en su versión actualizada de su plan de gobierno—, es decir, se trata de una operación reglamentada dentro del marco constitucional existente. Quien de verdad amenaza “el equilibrio institucional” es el proyecto iliberal que, en términos de Forti, se irrita con los contrapesos y ofrece ideas abiertamente inconstitucionales, como desvincular a Colombia de los bloques de convencionalidad fijados con altos tribunales internacionales y reducir el gasto público en materia de seguridad social, entre otros.
El tercer mandamiento, “cero impunidad, cero corrupción”, reza que “los recursos públicos son sagrados”. Ambos candidatos que llegan a segunda vuelta han declarado su intolerancia inquebrantable frente a formas de corrupción, pero solo la candidatura de Cepeda postula, en el capítulo I de su plan de gobierno, la instauración de un Sistema Nacional Contra la Corrupción. Nadie medianamente racional y razonable defendería la corrupción, y por eso mismo el lema del decálogo de Fajardo no sirve para distinguir a nadie y resulta retóricamente vacuo. En contraste, el lema “cero impunidad”, en cambio, tiene una arquitectura concreta, compuesta por entidades públicas que se encargan de implementar procesos judiciales y penales sumamente valiosos, tales como la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Contraloría, la Jurisdicción Especial para la Paz, por mencionar solo los más emblemáticos. Por esa misma razón, el programa de De la Espriella, que propone desmontar la justicia transicional y “defender por la fuerza” apunta, justamente, a debilitar los órganos que procesan la impunidad dentro del Estado Social de Derecho. Un decálogo que no nombra quién amenaza esos controles convierte la lucha anticorrupción en moralismo despolitizado y, por qué no, en cierta aquiescencia cómplice.
El cuarto mandamiento, “el fin de la Paz Total”, afirma que “Colombia necesita una agenda seria de seguridad y presencia territorial del Estado”, a lo que agrega que “[n]uestro Plan Guardián es la respuesta más sólida para superar la inseguridad y el fracaso de la Paz Total”. El análisis del fracaso de la política de seguridad de la Paz Total, por su complejidad intrínseca, necesitaría una reflexión mucho más detallada por aparte, pero es inevitable comprender este mandamiento como una afrenta directa frente al gobierno de Gustavo Petro. Por ahora, bastaría con agregar que la Paz Total es una política pública tramitada por el Congreso, bajo la figura legislativa de la Ley 2272 de 2022 y revisable por la Corte Constitucional, por ende, corresponde a un programa constitucionalmente canalizado, con sus fracasos y éxitos. Exigir “su fin” como condición de “centralidad” no es un juicio técnico neutral. Al contrario, adopta, casi a la letra, la bandera insignia de De la Espriella, al equiparar la seguridad con “mano dura” y desconocer las causas multidimensionales del conflicto interno colombiano y sus diversas mutaciones territoriales. De esta manera, el decálogo se inclina hacia un polo mientras dice situarse por encima de ambos y parece olvidar que la paz es, en sí misma, un mandato constitucional consagrada en el artículo 22, por lo que reducirla a “fracaso” por decreto retórico parece desconocer las equivalencias materiales entre las lecturas que el centro político y el Pacto Histórico parecen tener con relación a la paz.
El quinto mandamiento, “Colombia la más educada” declama que “[la educación] es el camino para generar más oportunidades, equidad, inclusión y bienestar para todos”. Se trata de postular el derecho a la educación como un “no negociable” frente a ambas candidaturas. Sin embargo, en términos retóricos, ningún candidato se opondría abiertamente a la educación como derecho social fundamental. El problema es más bien otro: determinar cuál es la concepción de la educación que está a la base del programa de gobierno y los mecanismos para asegurar su acceso universal. El movimiento retórico del decálogo parece ser el de ofrecer una lectura despolitizada de la educación, que consiste en tratarla como control de calidad gerencial e instrumento de movilidad social, y no como el terreno donde se disputa qué ciudadano forma la república o qué doctrinas omnicomprensivas termina disputándose la esfera pública. Solo uno de los proyectos propone subordinar la educación pública y plural a una “batalla espiritual”, mientras que el otro busca reconocerlo como un derecho social fundamental, consagrado constitucionalmente y cuya accesibilidad debe ser universal y gratuito, inclusive bajo las prerrogativas del pluralismo y el pensamiento crítico.
El sexto mandamiento, “un nuevo orden del sistema de salud”, asegura que “[h]ay que garantizar atención oportuna, medicamentos disponibles, condiciones y bienestar para el personal médico, apoyo a las personas cuidadoras y un modelo sostenible, justo y transparente”. Frente a esta formulación, el mandamiento no dista sustancialmente del aspecto misional de la fallida reforma al sistema de salud emprendida por la exministra, Carolina Corcho, al inicio de la presidencia de Gustavo Petro. El diseño constitucional, que entiende la salud como derecho y no como mercancía, es más congruente con un programa redistributivo que con uno que subordina los derechos sociales a una “libertad” entendida como desregulación y minarquismo librecambista. La simetría, de nuevo, encubre esa diferencia, pues desconoce que la candidatura presidencial del Pacto Histórico ha ratificado categóricamente la salud como derecho fundamental, consagrado en la sentencia T-760 de 2008 y reafirmado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. La expresión “un nuevo orden” suena neutral, pero esconde la pregunta política central: ¿el sistema de salud debe estar regido por una lógica de mercado o por un sistema público? Además, ¿qué rol deben desempeñar las EPS, la comunidad científica y la sociedad civil en su conjunto? La garantía plena de la salud como un derecho fundamental requiere de un Estado capaz de cubrir las externalidades y cargas prestacionales asociadas a su aseguramiento y cobertura a nivel nacional, algo que resulta abiertamente contrario a una visión libertaria del Estado mínimo que De la Espriella recupera de figuras políticas, como Javier Milei en Argentina.
El séptimo mandamiento, “jóvenes como protagonistas”, asevera que hay que “[a]segurar que cada joven pueda alcanzar su máximo potencial; conectando la educación con su vocación individual, eliminando las barreras al primer empleo e impulsando la educación digital”. Se trata de un mandamiento difícil de objetar, pues ¿quién estaría razonablemente en desacuerdo? Por lo menos, yo personalmente comparto el contenido del pasaje textual que condensa este mandamiento. Sin embargo, su problema es otro. Como “principio de centralidad”, esquiva la cuestión estructural: los jóvenes no son un “protagonista” homogéneo, sino un campo atravesado por la clase, la raza, el género, la orientación sexual, la región, la corporalidad, la discapacidad y demás factores interseccionales que determinan el significado concreto de lo que es ser joven en Colombia. Por mencionar un ejemplo, el estallido de 2021 los mostró como sujetos constituyentes, insurgentes en el sentido de Abensour, exactamente lo que un discurso de “centralidad” busca pacificar. Adicionalmente, mientras proyectos políticos de extrema derecha criminalizan la protesta social y otros lo tramitan y reconocen como un derecho político, no puede asumirse ingenuamente que ambos proyectos son dos caras de la misma moneda.
El octavo mandamiento, “un Estado que garantice y profundice los derechos consagrados en la Constitución de 1991” sostiene que “[q]ueremos un gobierno plural e incluyente, que proteja y respete a todas las personas, sin amenazas ni estigmatizaciones”. Curiosamente, esta misma motivación política es la que está a la base de lo que Iván Cepeda, en su plan de gobierno y en numerosas locuciones públicas, ha denominado una revolución ética. Por eso mismo, este mandamiento puntualmente, tal vez sin proponérselo, refuta al decálogo entero. “Garantizar y profundizar los derechos del 91” no es una posición de centro: es el programa mismo del Estado Social de Derecho, que es expansivo, redistributivo y conflictivo por diseño, la línea de la Corte Constitucional sobre derechos sociales, mínimo vital y enfoque diferencial así lo comprueba. “Profundizar” derechos está estructuralmente más cerca del proyecto de Cepeda que de uno que defiende “la familia tradicional”, se opone al aborto, se incomoda con la Corte Constitucional y amenaza con “destripar a la izquierda”, pese al historial de violencia política presente en Colombia, desde la Guerra de los Mil Días hasta el Genocidio de la Unión Patriótica, pasando por la Violencia bipartidista del mediados del siglo XX hasta el asesinato sistemático de líderes sociales durante el gobierno del expresidente Iván Duque. La falsa equivalencia colapsa en sus propios términos; no se puede, a la vez, profundizar los derechos consagrados en la Constitución del 91 y mantenerse equidistante de un proyecto de extrema derecha 2.0, cuyo iliberalismo apunta contra esa misma arquitectura de derechos.
El noveno mandamiento, “desarrollo productivo con inclusión social”, afirma que “Colombia debe atraer inversión privada, impulsar un desarrollo sostenible que proteja nuestra biodiversidad y garantizar condiciones dignas para el empleo de las y los trabajadores”. Honestamente, me cuesta identificar la diferencia sustancial entre este noveno mandamiento y el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida (2022-2026). Misionalmente son idénticos, por lo que considero que la diferencia es más de acento ideológico y orientación programática. “Inclusión social” más “seguridad jurídica” es la fórmula clásica de la Tercera Vía que Mouffe diagnostica críticamente en La paradoja democrática (2003) cuando habla de la política sin adversario: la síntesis pospolítica que borra la frontera entre redistribución y mercado mediante una conciliación puramente verbal. La despolitización aquí consiste en fingir que la tensión entre desarrollo productivo e inclusión social es un óptimo técnico, y no una opción política que establece nuevas fronteras e inaugura futuras exclusiones. La simetría oculta que solo un proyecto usa el eslogan de la “seguridad jurídica” como escudo del capital frente a los mandatos sociales de la Constitución del 91.
El décimo mandamiento, “Colombia necesita recuperar una política exterior, seria, profesional y al servicio de la gente”, que consiste en atender que “[l]a diplomacia no puede seguir dependiendo de peleas personales, improvisaciones o afinidades ideológicas”, aunque su acotación más interesante es la que hace al final del pasaje textual: “[r]echazamos cualquier intento de injerencia en nuestras decisiones y exigimos respeto por nuestra soberanía, como respetaremos la de todos los países”. Suena a pura tecnocracia multilateralista, y esa es la señal retórica y el vestigio discursivo del gesto despolitizador. La política exterior es, precisamente, donde más se ve el alineamiento de De la Espriella con la red ultraderechista transnacional, como aparece expresado en las tensiones en torno a su ciudadanía estadounidense o el respaldo oficial que Donald Trump hizo de la candidatura de Abelardo de la Espriella en la red social X. Presentarla como “seriedad y profesionalismo”, más allá de la ideología, oculta que el “profesionalismo” de un candidato es la adhesión a una red externa que erosiona el principio de no intervención. Puntualmente, aquí la simetría no solo es falsa, sino que funciona como coartada.
Un decálogo, una sola operación discursiva. Cada mandamiento uno convierte una aspiración legítima en un punto medio, y cada punto medio hace el mismo trabajo político: despolitiza y simetriza. Pero, el balance constitucional en este caso no es para nada simétrico. Un proyecto se mueve dentro del diseño orgánico del Estado Social de Derecho, mientras que el otro, en la gramática de la extrema derecha 2.0, trata los pesos y contrapesos como estorbos, a la prensa como enemiga y el resultado electoral como algo negociable “por la fuerza”. Un “centro” incapaz de registrar esa asimetría no está por encima del conflicto, sino que es, objetivamente, un redistribuidor de legitimidad hacia el lado que más la necesita. Por eso el centro, aquí, es incompatible con una idea radical de la democracia; y por eso el decálogo, contra su propia decencia, termina blanqueando un proyecto iliberal como si fuera apenas “el otro extremo”, incurriendo así en una falacia de falsa equivalencia.
La falacia de la falsa equivalencia: por qué los dos “extremos” no son simétricos
Conviene una aclaración de método. El programa oficial de De la Espriella —las llamadas “Propuestas del Tigre”— es un documento de apenas tres páginas, más cercano a una infografía que a un plan de gobierno técnicamente riguroso. Se identifica una decena de pilares enunciados como consignas, tales como familia, trabajo, fe, propiedad, seguridad, bajo la tesis de la “extrema coherencia” y la promesa de una pax romana, sin desarrollo institucional ni costeo serio. Por eso el material verdaderamente probatorio no es ese folleto, sino sus declaraciones públicas, donde el proyecto se muestra sin la prudencia del papel membretado. Y allí el patrón iliberal es marcadamente inequívoco.
Empecemos por los rasgos que Forti (2021) atribuye a la extrema derecha 2.0. El primero es el dominio de las nuevas tecnologías, caracterizada por su capacidad de utilizar los avances técnicos, tecnológicos y digitales para la propaganda política y la masificación de la política como espectáculo. En el caso concreto de la candidatura de Abelardo de la Espriella, la marca “el Tigre”, el uso de la camiseta deportiva de la Selección Colombia, la viralización en redes y la estética algorítmica detrás de un cristal antibalas no son anécdotas, sino la infraestructura que le permitió, según las cifras de la Registraduría, sorprender a todas las encuestas que daban a Iván Cepeda como ganador en primera vuelta. El segundo es la pertenencia a una “gran familia internacional”. La polémica en torno a su doble ciudadanía estadounidense desde 2023, el respaldo por parte de Donald Trump vía red social X (ver supra) y la afinidad con el uribismo, a partir de la implementación de una especie de “Plan Colombia II”, marcado por la cooperación con los Estados Unidos, al igual que el apoyo al gobierno de Israel frente al genocidio palestino, encarna esa red transnacional de ultraderechas conectadas que Forti describe.
Pero el rasgo decisivo es el tercero, y aquí Fareed Zakaria (1997) ofrece la categoría exacta al distinguir la democracia, entendida como procedimiento electoral, del liberalismo constitucional y sus valores rectores, tales como el imperio de la ley, la separación de poderes y la garantía de las libertades básicas individuales. A partir de esta distinción, Zaakaria advirtió el auge de las “democracias iliberales”: gobiernos legítimamente electos que, una vez en el poder, ignoran de manera rutinaria los límites constitucionales. Esa es, con precisión quirúrgica, la oferta de De la Espriella. No reniega de las urnas, reniega de los contrapesos. Promete gobernar desde el primer día mediante decretos y estados de excepción, como una declaratoria de emergencia económica y otro decreto para asumir facultades extraordinarias. En otras palabras, aboga por un modelo presidencialista excesivamente decisionista, “sin las cortapisas del Congreso y las Cortes”, como ha resumido en varios encuentros con la prensa nacional (cfr. León, J., Ortiz, J. & Mejía, E., 2026). El hombre que dice salvar la democracia anuncia que inaugurará su mandato suspendiendo, justamente, lo que la hace liberal. Los estados de excepción existen en la Constitución de 1991, a través de los artículos 212 a 215, pero acotados, temporales y sometidos al control automático de la Corte Constitucional. No obstante, convertirlos en método ordinario de gobierno es la definición misma de la deriva iliberal.
La gravedad se vuelve sistemática al aplicar la prueba de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. En Cómo mueren las democracias (2018) ambos autores identifican cuatro señales de comportamiento autoritario, y las declaraciones de De la Espriella las exhiben todas. La primera es el rechazo de las reglas del juego democrático. Esta se evidencia cuando De la Espriella habla de gobernar por decreto, eludir al Congreso y a las Cortes, además de su taxativo llamado a defender el resultado “por la fuerza” o “hacerse matar” por Colombia, si es necesario. La segunda es la negación de la legitimidad del adversario. Desde esta óptica, la campaña de De la Espriella ha mostrado una imagen de Iván Cepeda no como la de un rival político, sino como la de un “comunista criminal”, un “peligro” al que hay que “destripar”, y un continuador de la agenda narcoterrorista de la guerrilla de las FARC (pese a la firma del Acuerdo de Paz en el 2016); sin mencionar las declaraciones vejatorias que ha realizado su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en contra de Aida Quilcué. La tercera es la tolerancia o estímulo de la violencia. En ese orden de ideas, la épica de El Tigre que ataca, los bombardeos prometidos y la imposición del orden por la fuerza advierte de una peculiar normalización de la violencia directa contra el otro político, reducido a antagonista y no a adversario. La cuarta es la disposición a restringir las libertades de los críticos, en especial de la prensa. En este caso, resulta particularmente llamativo el historial de demandas de Abelardo de la Espriella contra periodistas —como la columnista Ana Bejarano y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP—, los insultos a comunicadoras y las amenazas judiciales. Levitsky y Ziblatt lo resumen en una tesis que la candidatura confirma: las democracias contemporáneas ya no mueren por golpe militar, sino erosionadas, lenta y legalmente, por líderes electos.
A esa gramática autoritaria se añade un contenido que apunta directamente al diseño orgánico del Estado Social de Derecho. De la Espriella acogió “plenamente” —por escrito, en su cuenta de X— el plan de reducir el Estado en un 40% eliminando 136 entidades, con una “motosierra” al estilo de Javier Milei en Argentina. Entre las piezas a desmontar figuran, según los borradores que su campaña no ha desmentido, la justicia transicional y órganos de protección y de control. En total, propone eliminar 23 entidades del Estado, muchas de las cuales cumplen funciones socialmente valiosas, como la Unidad Nacional de Protección (UPN), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), entre muchas otras. Prometió, además, la cadena perpetua para ciertos delitos —pena que el artículo 34 de la Constitución prohíbe y que solo podría introducirse reformando la carta magna, irónicamente, a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente—, y la insinuó por la vía del referendo. No se trata de discrepar de sus políticas de seguridad o fiscales, que son legítimamente debatibles; se trata de que su método declarado consiste en saltarse o vaciar los límites que ordenan al Estado y alterar negativamente su arquitectura orgánica de naturaleza constitucional.
Eso es el carácter regresivo, y por eso importa nombrarlo con exactitud. Aquí no podemos hablar, en sentido estricto, del regreso de las camisas pardas ni del fascismo de entreguerras, sino de una corrosión 2.0, emblemáticamente más sonriente, carismática religiosa, beata, purista, vehemente, patriótica y conectada afectivamente con el electorado, que gana elecciones para gobernar contra el constitucionalismo que las hace posibles. Forti lo advirtió cuando argumentaba que esta derecha emergente no se declara antidemocrática, sino que se proclama convenientemente demócrata y partidaria de los intereses y deseos de la gente de bien, mientras erosiona a la mismísima democracia desde dentro. Es mucho más difícil de combatir que el fascismo clásico precisamente porque ha aprendido a no llamarse por su nombre.
Ahora bien, hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué implicaciones tiene esta lectura política para el contexto electoral que nos convoca con miras a la segunda vuelta del 21 de junio? Particularmente, sería principalmente solo una en forma de una pregunta capciosa: ¿realmente la candidatura de Iván Cepeda ha manifestado públicamente desconocer los lineamientos liberales y republicanos de un Estado Social de Derecho y de una democracia representativa de naturaleza electoral? Si a Cepeda se le puede reprochar algo, es su reticencia a participar en escenarios deliberativos antes de la primera vuelta, pero tanto su candidatura como su plan de gobierno no postulando medidas regresivas, retardatarias o reaccionarias que tinte iliberal, que amenazan el diseño institucional del constitucionalismo colombiano.
Por tal motivo, estoy de acuerdo con Bastien Bose, cuando afirma que esta visión distorsionada del rival político obedece a una falacia llamada hombre de paja, que “consiste en deformar la posición de un adversario hasta convertirla en una versión simplificada, extrema o caricaturesca. Una vez construida esa figura, resulta muy fácil atacarla. Después de todo, un hombre de paja no ofrece demasiada resistencia” (Bose, 2026). Se trata, en palabras del autor, de una ficción de los dos extremos, a la cual yo he preferido denominar como una falacia de la falsa equivalencia. Llamar a ambas candidaturas “extremos opuestos” es abiertamente falaz, pues presupone una simetría que el análisis institucional no respalda. Una cosa es disputar la orientación de las políticas públicas dentro del marco del Estado Social de Derecho, y otra distinta es tensionar los presupuestos liberales y republicanos de ese marco. La distinción no es de grado ni de bando, sino de relación con las reglas constitutivas del orden constitucional; y es esa distinción, no una métrica de radicalidad, la que debería ordenar el juicio ciudadano.
Coda: a veces, tomar postura es necesario
Si se confronta el decálogo, punto por punto, con las bases programáticas de Iván Cepeda —Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida—, la equidistancia se desfonda por su propio peso. Las exigencias que Fajardo presenta como condiciones para “cualquiera” encuentran respuesta sustantiva, y a veces casi literal, en uno solo de los dos proyectos: el de Cepeda.
Empecemos por el control del Estado. El reclamo de “cero impunidad y cero corrupción” no es un eslogan en ese plan, sino su columna vertebral. La “Revolución Ética” se ordena en torno a un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, a una unidad especializada en la Fiscalía, a una Ley de Austeridad Republicana y a la persecución de la evasión como “deber constitucional”, todo dentro de los órganos de control del Estado y no contra ellos. La salud como “nuevo orden”, por su parte, se traduce término por término en el diagnóstico de la crisis del modelo de la Ley 100 de 1993, en un plan de choque de cien días para medicamentos y citas represadas, en los Centros de Atención Primaria como puerta de entrada territorial y en la dignificación del personal sanitario mediante un Estatuto Único. Es, casi al pie de la letra, lo que el decálogo pide: “medicamentos, condiciones y bienestar para el personal médico, con presencia real en los territorios”.
La correspondencia se repite en el terreno social. Los jóvenes “como protagonistas” frente a la ilegalidad tienen nombre propio en el programa —”Jóvenes en Paz”, trayectorias de vida dignas para que ninguno halle en la ilegalidad un proyecto—. La educación que no debe ser “un titular” es el centro declarado de las tres revoluciones, con gratuidad, Ley Estatutaria de Educación y fomento del pensamiento crítico en la educación básica, media y superior. El desarrollo productivo con inclusión social es la entera “Revolución Social y Económica”, con economías populares, banca pública e infraestructura para la integración regional. El Estado que “garantice y profundice los derechos del 91” es, literalmente, la gramática del plan, que consiste en ampliar derechos e implementar un enfoque diferencial, afirmativo e interseccional, con especial énfasis en pueblos étnicos, mujeres y grupos sociales históricamente marginados. Por último, una política exterior “seria y profesional” se enuncia allí como doctrina —soberana, latinoamericanista, de integración regional y justicia climática—, y no como adhesión a una red externa. Incluso los mandamientos 1 y 2, asociados a las demandas de civilidad y respeto a la Constitución del 91, hallan eco en el llamado a un “gran acuerdo nacional, plural y amplio” tramitado por la vía legislativa, con proyectos radicados en el Congreso “con mensaje de urgencia” y una reforma política y electoral que se propone deliberar, más no imponer.
La única fricción real es el punto 4, el “fin de la Paz Total”; y conviene decirlo sin ambages, porque es justo el punto donde el decálogo, lejos de situarse “por encima”, adopta el marco de De la Espriella. Pero aun ahí lo que Cepeda ofrece, que consiste en una implementación integral del Acuerdo de 2016, paz integral y seguridad humana, realiza mejor el mandato del artículo 22 de la Constitución del 91 que la promesa de imponer la seguridad “por la fuerza”.
El balance, entonces, es inequívoco: nueve de los diez mandamientos del decálogo del millón de votos encuentran ya un programa que los encarna, y no es el del proyecto que trata los pesos y contrapesos como estorbos, sino el que se mueve dentro del diseño orgánico del Estado Social de Derecho. Esa es la prueba de que el “centro” del decálogo no es un tercer lugar equidistante, sino, conceptual y argumentativamente, el contenido del proyecto constitucionalmente avalado. Lo que Abensour llamaría el litigio democrático, lo que Lefort cuidaría como lugar vacío, lo que Mouffe reconocería como adversario legítimo y lo que Rancière nombraría como la voz de los que no tienen parte tienen, en esta elección, un solo lado posible ya definido con claridad. Y reconocerlo no es renunciar a la imparcialidad; es, por fin, dejar de confundirla con la equidistancia.
Y como advirtió Bertolt Brecht en Vida de Galileo, “quien conoce la verdad y la llama mentira es un criminal”. Este pasaje resulta alegórico para comprender un un escenario en donde no hay dos extremos, sino un proyecto constitucionalmente íntegro frente a otro regresivo y post-autoritario. Bajo este panorama electoral, siniestro en su existencia misma, la equidistancia del centro político, que preconiza el evangelio antipolarización y cae en la tentación del consenso tecnocrático, deja de ser prudencia para volverse coartada. Ante dicha situación, lo único honesto, lo único democrático, es tomar partido.
Referencias bibliográficas:
Abensour, M. (2017). La democracia contra el Estado. Marx y el momento maquiaveliano. Editorial Catarata.
Bose, B. (2026). La ficción de los dos extremos. La Silla Vacía. Disponible en: https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-social/la-ficcion-de-los-dos-extremos/
Brecht, B. (2006). Vida de Galileo. Alianza Editorial.
Cepeda Castro, I. (2026). Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida: Bases programáticas de gobierno 2026–2030. Disponible en : https://tcetfyfhacaujwsjcwkl.supabase.co/storage/v1/object/public/docs/plan-de-gobierno-2026-2030.pdf
De la Espriella, A. (2026). Propuestas del Tigre [Programa de gobierno]. Defensores de la Patria. Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf
Fajardo, S. (2026). Decálogo del millón de votos. Disponible en: https://www.sergiofajardo.com/files/decalogo-votos.pdf
Forti, S. (2021). Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla. Siglo XXI Editores.
Lefort, C. (2004). La incertidumbre democrática: ensayos sobre lo político. Anthropos Editorial.
León, J.; Ortiz, J. & Mejía, E. (2026). Abelardo de la Espriella, una marca importada para la época. La Silla Vacía. Disponible en: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/abelardo-de-la-espriella-una-marca-importada-para-la-epoca/
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.
Mouffe, C. (2003). La paradoja democrática. Gedisa.
Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica.
Rancière, J. (2006). El odio a la democracia. Amorrortu Editores.
Zaakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs 76(6), 22-43.
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