Cada junio, Bogotá se viste de arcoíris. Y cada junio, algo en ese espectáculo resulta más difícil de ignorar: entre las carrozas y la música, los logos corporativos ocupan cada vez más espacio. Bancos, aerolíneas, plataformas de streaming, todos compiten por aparecer en la fotografía del Orgullo. El gesto parece generoso. Pero mientras las marcas desfilan, los transfeminicidios aún enfrentan impunidad, las personas trans permanecen marginalizadas de espacios laborales y sociales, y un gobierno con posturas abiertamente hostiles frente a las agendas sexo-diversas acaba de llegar al poder. Esa distancia entre la imagen y la realidad tiene nombre: pinkwashing. Y es precisamente contra esa conversión del Orgullo en estética despolitizada que existe la Contramarcha LGBTQ+.
La Contramarcha, a diferencia de lo que su nombre podría sugerir, no constituye una marcha contra la comunidad, sino una disputa por su memoria y por una pregunta que el Orgullo institucional parece evitar: ¿quién tiene el poder de representar una lucha? El Orgullo corporativo ha construido, en este sentido, una imagen particular de lo que significa ser LGBTIQ+: una identidad visible, celebrable y compatible con el mercado. Un sujeto sexo-diverso que puede protagonizar una campaña publicitaria precisamente porque su diferencia ha sido incorporada en tanto deja de interpelar las estructuras que producen y reproducen la desigualdad.
Esa representación tiene un costo político. Precisamente porque ciertas formas de visibilidad excluyen a quienes más necesitan reconocimiento y protección: las personas trans, las personas trans racializadas, quienes no encajan en la estética del Orgullo de vitrina y quienes habitan los márgenes económicos y territoriales. Cuando el Orgullo se convierte en espectáculo, estas personas no desaparecen de la realidad, sino que desaparecen del encuadre. Y, en un país atravesado por distintas formas de violencia, esa desaparición no se queda en simbolismos, puesto que tiene consecuencias materiales.
Para la Nancy Fraser, “la justicia hoy en día precisa de dos dimensiones: redistribución y reconocimiento” (1995, p. 2), y no como reclamos paralelos, sino como exigencias inseparables, pues las injusticias culturales y económicas “se encuentran habitualmente imbricadas hasta el punto de reforzarse dialécticamente la una a la otra” (Ibid., p. 6). Es exactamente esa imbricación la que el Orgullo corporativo ignora, pues ofrece reconocimiento —visibilidad, representación en la publicidad, una bandera en la fachada institucional— pero no interviene sobre las estructuras que producen exclusión.
En ese sentido, celebrar la diversidad sin exigir justicia para los crímenes de odio, sin cuestionar la precariedad económica de las personas trans, sin nombrar la violencia territorial, es una forma limitada de reconocimiento: una afirmación simbólica que no redistribuye poder ni transforma las condiciones que producen la desigualdad. Es, en el mejor de los casos, incompleto. Y, en el peor, una operación de contención que vuelve al movimiento aceptable para el mercado precisamente porque deja intactas las estructuras que debería cuestionar.
En Colombia, la coyuntura política actual otorga a la Contramarcha una dimensión particular: marchar no significó únicamente celebrar una identidad colectiva, sino también responder a un escenario en el que los derechos conquistados por los movimientos sexo-diversos vuelven a entrar en disputa. Como documentó El País, ONGs y activistas han señalado su preocupación por un retroceso en la garantía de esos derechos en el inminente gobierno de De la Espriella, pues más allá del marco jurisprudencial, su materialización depende de la implementación que deben hacer los gobiernos (cfr. Díaz, 2026). La discusión, entonces, no se limita a una diferencia de opiniones morales: involucra la definición misma de quiénes son reconocidos como sujetos legítimos dentro del orden social.
Esta tensión se hizo visible en declaraciones concretas. En entrevista con Semana, De la Espriella reconoció un cambio de postura frente a la adopción igualitaria y lo justificó en términos que revelan mucho más que una opinión personal: “[c]uando yo tuve a mi hija Lucía, entendí que un niño necesita la división de roles para crecer con la formación que corresponde y para defender los principios y valores fundacionales del judeocristianismo” (La Veintitrés, 2026). La frase no solo expresa una concepción sobre la familia, pues establece qué formas de vida aparecen como deseables o aceptables dentro del orden social.
Que esa concepción venga acompañada de la promesa de respaldar mecanismos constitucionales para revisar la adopción igualitaria convierte la opinión personal en agenda política. Y si el lenguaje de la campaña revela algo más, es que la amenaza no se agota en lo institucional: sus declaraciones en La FM sobre “destripar” a la izquierda adquieren, en un país atravesado por una historia de violencia, una carga que va mucho más allá de la retórica.
La Contramarcha, por lo tanto, no puede entenderse como una celebración aislada de identidad. Fue también una respuesta política frente a la percepción de que los derechos alcanzados por las comunidades sexo-diversas no constituyen conquistas definitivas, sino espacios que continúan sujetos a disputa. Una disputa que no ocurre únicamente en el ámbito jurídico o electoral: también se libra en el terreno del lenguaje, donde las palabras funcionan como espacios de exclusión, resistencia y resignificación.
Entre las pancartas circuló una frase aparentemente simple: “más maricaa los que votaron por Abelardo”. Lo que podría leerse como un chiste es, en realidad, una operación política sobre el significado mismo de la palabra. Judith Butler, en Palabras que hieren, argumenta que el poder de una expresión injuriosa no reside únicamente en la intención de quien la pronuncia, sino en la historia social que la carga de significado. Como señala la autora, “ningún término o enunciado puede funcionar performativamente sin acumular y ocultar la historicidad de la fuerza” (2025, p. 85). Es precisamente esa historicidad la que permite comprender por qué ciertos insultos pueden ser reapropiados: la palabra conserva la marca de la violencia que la produjo, pero esa misma marca puede ser desplazada hacia nuevos usos políticos.
En ese orden de ideas, no se trata de borrar la violencia contenida en “marica”, sino de cuestionar la relación de poder que la sostenía. La reapropiación funciona entonces como una forma de respuesta: toma un término construido para degradar y lo convierte en una herramienta de interpelación, mientras devuelve la carga de la injuria a quienes sostienen proyectos políticos que niegan derechos. En ese gesto, la disputa por el lenguaje se convierte también en una disputa por quién tiene la autoridad de nombrar, representar y definir las vidas que forman parte del espacio público. La comunidad no busca simplemente que la palabra desaparezca; disputa la cadena de significados que históricamente la convirtió en instrumento de subordinación y reclama la capacidad de resignificar sus efectos.
La Contramarcha de 2026 también llevó banderas palestinas, arengas feministas y consignas antifascistas. Esto no es una suma arbitraria de causas. Es una comprensión política de que las estructuras de opresión no funcionan de manera aislada: si la exclusión se produce mediante relaciones articuladas entre género, clase, raza, colonialidad y poder político, entonces una lucha sexo-diversa que ignore esas dimensiones acepta de forma parcial las mismas estructuras que pretende combatir. La apuesta de la Contramarcha es rechazar esa fragmentación y abrazar la interseccionalidad. No reclamar dignidad para unos mientras se tolera la indignidad de otros.
En Colombia, además, las personas LGBTIQ+ fueron víctimas documentadas del conflicto armado — casos que hoy se ventilan ante la JEP. El Comunicado 078 de la Sala de Reconocimiento da cuenta de ello con cifras concretas: entre 1990 y 2016, solo en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, con 254 víctimas directas identificadas (Jurisdicción Especial para la Paz, 2023).
La JEP determinó que esa violencia no fue un efecto colateral de la guerra, sino parte de una política de control social que buscaba imponer roles de género desde una visión patriarcal, heteronormativa y cisnormativa. No es casual, entonces, que la Contramarcha ubique parte de su recorrido alrededor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La lucha sexo-diversa y la memoria del conflicto no son agendas separadas en este país: ambas parten de una misma pregunta, que este 28 de junio volvió a resonar en las calles con una urgencia nueva. ¿Quiénes han sido considerados sujetos dignos de protección? ¿Y quiénes han sido históricamente excluidos de esa condición?
La disidencia es una forma de madurez política. La Contramarcha le recuerda al Orgullo institucional aquello que muchas veces prefiere olvidar: que una bandera arcoíris en la fachada de un banco no constituye por sí misma una conquista política; que la visibilidad sin justicia puede convertirse en una forma de administración simbólica de la desigualdad; que la lucha por la dignidad de las personas sexo-diversas no puede reducirse a quienes resultan cómodos para el mercado. El Orgullo debe ser, antes que espectáculo, memoria; antes que imagen, justicia; antes que tolerancia, transformación. Porque una lucha que deja a alguien atrás no es liberación. Es apenas la estética de una transformación que nunca llegó.
Referencias:
Bonilla, A. (2026). El debate sobre las posturas antiderechos de Abelardo de la Espriella. Cambio. Tomado de: https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/6/el-debate-sobre-las-posturas-antiderechos-de-abelardo-de-la-espriella
Butler, J. (2025). Palabras que hieren: Sobre el discurso de odio y la política de lo performativo (A. Martorell, Trad.). Paidós. (Trabajo original publicado en 1997).
Díaz, D. (2026). La comunidad LGBTIQ+ de Bogotá le planta cara al presidente electo: “Aquí estamos, y aquí nos quedamos”. ElPais. Tomado de: https://elpais.com/america-colombia/2026-06-29/la-comunidad-lgbtiq-de-bogota-le-planta-cara-al-presidente-electo-aqui-estamos-y-aqui-nos-quedamos.html
Fraser, N. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era «postsocialista». New Left Review, (0), 126-155.
Jurisdicción Especial para la Paz. (2023, 13 de julio). La JEP atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las FARC-EP, por hechos cometidos contra pueblos, comunidades, poblaciones y territorios de Nariño en el Caso 02 (Comunicado 078). Tomado de: https://colombiadiversa.org/publicacion/historico-la-jep-dice-que-las-personas-lgbtiq-fueron-perseguidas/
LaVeintitrés. (2026). Candidato Abelardo de la Espriella niega homofobia y rechaza adopción igualitaria. LaVeintitrés. Tomado de: https://laveintitres.com/candidato-abelardo-de-la-espriella-niega-homofobia-y-rechaza-adopcin-igualitaria/
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Estudiante de Derecho y Ciencia Política & Gobierno, con una aproximación crítica al derecho y a las instituciones políticas, inscrita en una tradición marxista de análisis del poder y la justicia social.
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